En un giro dramático dentro del planeta empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha acentuado sus acciones legales contra los creadores de Gedesco, una compañía especializada en la financiación de pequeñas y medianas empresasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se enfoca en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, desarolladores de Gedesco, tal como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes han tomado las bridas de la administración de la firma valenciana una vez que JZI adquiriera el 675% de sus acciones en 2007. Este enfrentamiento legal, que se originó en el mes de marzo de 2022 con una querella en Nueva York contra Rueda y Groth por desviar en teoría 80 millones de euros a Stator Management, una entidad estrechamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una nueva querella en Valencia por una variedad de delitos introduciendo administración desleal y estafa.
Esta segunda querella, que asimismo implica a José Luis Villafranca, actual miembro del consejo de Gedesco, y a tres empresas bajo la propiedad de los acusados, se basa en acusaciones de usar la estructura de Gedesco en beneficio propio y de tapar el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La demanda señala de qué forma, pese a la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por carecer de miembros, los acusados prosiguieron tomando resoluciones esenciales, bloqueando ciertamente a JZI de formar parte en la administración de la empresa. Las peticiones de JZI para convocar a la Junta de Inversionistas y cesar a estos ejecutivos han sido de manera sistemática frustradas, con la junta suspendida en siete ocasiones.
Este conflicto no solo se prolonga por dos jurisdicciones, con litigios tanto en USA como en España, sino que también revela una trama complicada de discusiones legales que incluye acusaciones contra los asociados creadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la errada compañía de seguridad Ombuds. La resolución de un juez en Madrid de mover uno de estos casos a Valencia y el posterior obtener más información fichero de la causa por falta de rastros de delito añade otra cubierta a este entramado legal.
Este caso ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos dentro del mundo corporativo, sino también las dificultades inherentes a la resolución de disputas transfronterizas en el ámbito del derecho empresarial. La situación en Gedesco expone los desafíos que enfrentan los inversores para proteger sus intereses y la relevancia de una administración transparente y ética en las compañías..